Alonso & Ros

La reforma laboral de febrero de 2012 tiene importantes novedades en los despidos por causas económicas en las empresas del sector público.

Con fecha 12 de febrero de 2012, se ha introducido una nueva disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores cuyo objetivo parece ser el neutralizar la doctrina de numerosos juzgados que consideran que las empresas del sector público no pueden despedir por causas económicas. (Ver artículo “Las empresas públicas no pueden despedir por pérdidas económicas”.)

Veamos cuales son esas novedades:

Admite la posibilidad de efectuar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público.

¿Esa posibilidad es para todos los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público?

En principio se aplicaría a los que entrasen en la definición recogida en el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Artículo 3. Ámbito subjetivo

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100.

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.

f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.

Procedimiento para  efectuar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público

No solo admite la posibilidad, de realizar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en las empresas del sector público,  si no que además por si hubiese alguna duda, especifica el procedimiento para realizar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público.

Se efectuará conforme a lo dispuesto en :

• Los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.
• Y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas

Con lo cual tenemos que se aplicará no solo el procedimiento establecido en el Estatuto de los Trabajadores, si no lo que se pueda establecer al efecto en la normativa de estabilidad y sostenibilidad financiera de las Administraciones  Públicas.

Presunción de certeza de concurrir las causas alegadas por el empleador para efectuar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público.

Adicionalmente como por un lado algunos jueces habían dicho que a las empresas públicas no se les podía aplicar la lógica de mercado en lo referente a la alegación de las pruebas, y por otro lado como en los despidos por causas económicas, y tanto en las empresas públicas como en las del sector privado la prueba de la existencia de las mismas ha sido muchas veces el talón de Aquiles que hizo que muchos despidos por causas económicas fuesen declarados improcedentes, se establece una presunción de certeza de cuando se darían esas causas económicas en el caso de las empresas del sector público,( causas  necesarias  para que el despido no se declarase improcedente en el juzgado),  así establece:

Presunción de certeza de existencia de causas económicas:

Se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes.

En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Presunción de certeza de existencia de causas técnicas:

Y si la causa del despido son causas técnicas, se establece la presunción de su existencia …

Cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate.

Presunción de certeza de existencia de causas organizativas:

Y si la causa alegada para el despido son causas organizativas, se establece la presunción de su existencias si ….

Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público

Real Decreto Ley 3/2012

Disposición adicional segunda. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público.

Se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»